El acceso al transporte público es, para millones de personas, la puerta de entrada a oportunidades económicas y sociales. Sin embargo, para los sectores más vulnerables de la población, esta vía de movilidad suele estar empañada por el miedo. Con el objetivo de transformar esta realidad, el representante Dave Min (CA-47) ha presentado ante el Congreso la ley Safe Transit for All Act, una legislación diseñada para aumentar la seguridad y la rendición de cuentas en los sistemas de tránsito de toda la nación.
Uno de los mayores obstáculos para combatir el acoso en trenes y autobuses es la falta de datos precisos. El acoso —que abarca desde comentarios lascivos e intimidación hasta agresiones físicas y sexuales— a menudo no se reporta, lo que deja a las agencias de transporte sin las herramientas necesarias para intervenir.
“No podemos arreglar lo que no medimos”, afirmó Cynthia Choi, cofundadora de Stop AAPI Hate. La nueva legislación aborda este vacío informativo exigiendo que las agencias de tránsito recolecten y publiquen datos sobre el acoso a pasajeros. Esta estrategia se basa en un modelo previo liderado por Min en el Senado de California, el cual reveló que el acoso afecta de manera desproporcionada a comunidades marginadas, incluyendo a mujeres, minorías raciales, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+.
El “Safe Transit for All Act” propone tres pilares fundamentales para garantizar viajes seguros:
- Definición estándar: Codifica una definición consistente de “acoso callejero” que incluye cualquier gesto, palabra o acción amenazante basada en características personales o clases protegidas por las leyes federales de derechos civiles.
- Mecanismos de denuncia: Obliga a las agencias de transporte a establecer canales accesibles para que los pasajeros denuncien incidentes, ya sea como víctimas o como testigos.
- Transparencia nacional: Exige que los datos recolectados se reporten públicamente a través de la Base de Datos Nacional de Tránsito de la Administración Federal de Tránsito (FTA).
El proyecto de ley cuenta con un amplio respaldo de organizaciones civiles y sindicatos. Desde el sector laboral, John Samuelsen, presidente internacional de la TWU, destacó que la seguridad es vital para la salud financiera de los sistemas de transporte, ya que el miedo ahuyenta a los usuarios. Por su parte, colectivos como Equality California y el Disability Rights Education & Defense Fund (DREDF) celebraron la medida como un paso esencial para la independencia y la dignidad de las personas que dependen del tránsito público.
“Nadie debería tener que elegir entre ir a su trabajo o a su casa y arriesgarse a sufrir acoso o intimidación”, sentenció el representante Min durante la presentación. Con esta ley, el transporte público en Estados Unidos busca dejar de ser un escenario de vulnerabilidad para convertirse, finalmente, en un espacio seguro y accesible para todos los ciudadanos.
