El mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) encara su recta final bajo una creciente tensión institucional. A pocos meses de su salida oficial en mayo, la Fiscalía del Distrito de Columbia ha iniciado una investigación penal contra Powell, centrada en su testimonio ante el Congreso sobre los costes de renovación de la sede del organismo en Washington.
Desde el Ejecutivo, se ha cuestionado la gestión financiera de la Reserva Federal. Según informes oficiales, el presupuesto para las reformas de la sede ascendió a 2.500 millones de dólares, superando en 700 millones el coste inicial. La administración ha calificado estos gastos de excesivos, comparándolos con el coste de mantenimiento de otros edificios históricos.
Asimismo, el presidente Donald Trump ha manifestado abiertamente su desacuerdo con la política monetaria de Powell, señalando que la falta de una bajada de tipos de interés más agresiva perjudica la economía nacional. “Lo intento de todas las maneras posibles para que haga algo”, declaró el mandatario en junio, subrayando su frustración ante la autonomía del organismo.
Por su parte, el presidente de la Fed ha rechazado las acusaciones, calificando la investigación de “acción sin precedentes” y vinculándola a las presiones políticas recibidas durante el último año. En un comunicado oficial, Powell sostuvo que la amenaza de cargos penales no responde a la supervisión del Congreso, sino a su negativa de ajustar los tipos de interés según las preferencias de la Casa Blanca.
Powell defendió la independencia de la institución, afirmando que sus decisiones se han basado exclusivamente en datos económicos para cumplir con el mandato de estabilidad de precios y máximo empleo. “Nadie está por encima de la ley, pero esta acción debe considerarse en el contexto de la presión constante de la administración”, señaló el funcionario.
Este enfrentamiento ocurre mientras se definen los nombres para la sucesión en la Fed. Entre los posibles candidatos figura Kevin Hassett, actual asesor económico de la Casa Blanca. El proceso judicial iniciado por la fiscal Jeanine Pirro plantea ahora un debate sobre los límites de la independencia de los organismos federales y el alcance de la supervisión ejecutiva.
A pesar de la investigación, Powell ha confirmado que completará su mandato hasta mayo, manteniendo su compromiso de ejercer sus funciones sin interferencias externas.
