En lo que parece ser el movimiento diplomático más reciente y pragmático en el tablero geopolítico del continente, la Administración Trump ha enviado directrices discretas a los fiscales federales del distrito de Miami con una orden clara: evitar el desarrollo de investigaciones penales en contra de la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La revelación, fundamentada en fuentes de las fuerzas del orden estadounidenses actuales y del pasado, marca un drástico cambio de rumbo en el tratamiento judicial hacia la alta funcionaria venezolana.
Durante años, Rodríguez ha permanecido firmemente bajo la lupa y el interés de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Por ello, analistas de la política internacional interpretan este freno procesal como la señal más evidente de un acercamiento estratégico y de una reactivación de canales de diálogo entre la Casa Blanca y la nación suramericana, ampliamente conocida por sus vastas reservas de petróleo.
Hasta el momento, los informes no han esclarecido de forma fehaciente si el cuerpo de fiscales federales de Florida ya había logrado implicar directamente a Rodríguez en algún delito federal específico, o si el curso de las indagaciones preliminares se encaminaba hacia la presentación de una acusación formal ante un gran jurado.
Por su parte, la postura oficial de los órganos de justicia estadounidenses mantiene una línea de cautela y matiz institucional. Interrogado al respecto, un portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos limitó su declaración a manifestar, por vía de correo electrónico, que “nunca hubo una investigación sobre ella que se tuviera que cerrar”, restando peso formal a las supuestas causas en curso y dejando una puerta abierta a la interpretación sobre el pasado legal de la funcionaria en los tribunales norteamericanos.
