El juez de distrito de EE.UU. James Boasberg ha dictaminado que existen “causas probables” para acusar a funcionarios del gobierno de Donald Trump de desacato penal por violar sus órdenes judiciales al deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas a El Salvador en marzo, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros.
Esta decisión, que llega tras la repetida crítica de Trump y sus aliados hacia el juez, podría resultar en sanciones para la administración por ignorar órdenes judiciales. El caso se centra en la deportación de migrantes a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de una orden judicial de Boasberg que exigía detener las expulsiones y retornar los vuelos a EE.UU.
En su fallo de 46 páginas, Boasberg expresó que las acciones del gobierno demostraron un “desprecio intencionado” por su orden, justificando la acusación de desacato penal. “El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera o apresuradamente; de hecho, ha dado a los demandados amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones”, agregó. “Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
Expertos legales, como Steve Vladeck de CNN, señalan que acusar a funcionarios federales de desacato penal es extremadamente raro. Skye Perryman, abogada de Democracy Forward, afirmó que el fallo “afirma lo que hemos sabido durante mucho tiempo: la conducta del Gobierno en este caso es ilegal y una amenaza para las personas y nuestra constitución”.
El fallo de Boasberg se produce en un contexto de tensiones entre la administración Trump y los tribunales, con el gobierno cuestionando la autoridad de los jueces para interferir en sus políticas de inmigración. Boasberg, designado por Barack Obama, respondió que “la Constitución no tolera la desobediencia intencionada a las órdenes judiciales”.
A pesar de un fallo reciente de la Corte Suprema que podría dificultar las impugnaciones a las deportaciones, Boasberg insistió en que la desobediencia a una orden judicial es punible, incluso si la orden se anula posteriormente. También cuestionó el uso del “privilegio de secretos de estado” por parte del gobierno para evitar revelar detalles sobre los vuelos.
Boasberg ha delineado los próximos pasos en el procedimiento de desacato, solicitando declaraciones juradas y posibles testimonios para determinar la culpabilidad de los funcionarios. Podría entonces solicitar al Departamento de Justicia que los procese o nombrar a un fiscal especial. Este tipo de información es seguida de cerca por lectores de Periódicos para latinas en Sacramento.
