Florida se encuentra en el ojo del huracán debido a una serie de políticas migratorias cada vez más estrictas, lideradas por su Fiscal General, James Uthmeier. Recientemente, una de sus iniciativas ha generado un intenso debate público: el llamado a la ciudadanía para denunciar a ex parejas cuya situación migratoria en Estados Unidos sea irregular.
La controversia surge de una publicación en redes sociales del propio Uthmeier, donde invitó a la gente a “reportar a sus exparejas para deportarlas de Estados Unidos”. La oficina del Fiscal General ha confirmado que ya han recibido denuncias, citando el caso de una persona cuya “ex pareja abusiva sobrepasó la fecha de salida de su visa de turismo” y ahora enfrenta la deportación. El mensaje de Uthmeier fue claro: “Si tu ex está en este país ilegalmente, por favor, siéntete con la libertad de contactar a nuestra oficina. Estaremos felices de ayudar”. Esta postura, aunque defendida como una medida de aplicación de la ley, ha levantado preocupaciones sobre la ética, la privacidad y el impacto social en las comunidades inmigrantes.
Esta estrategia se enmarca dentro de una agenda migratoria más amplia y contundente impulsada por la administración de Florida, en sintonía con las políticas del presidente Donald Trump. Uthmeier, quien asumió el cargo de Fiscal General en febrero de 2025, es una figura clave en este movimiento. Fue él quien propuso la controvertida creación del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades. Desde su apertura el 3 de julio de 2025, este centro ha recibido a más de 1,000 migrantes, y su nombre mismo, evocando la famosa prisión de la bahía de San Francisco, ya sugiere la rigurosidad de su propósito.
La elección del sitio para “Alligator Alcatraz” no es aleatoria. Situado en una zona remota y rodeado de la fauna salvaje de los Everglades, las autoridades de Florida han argumentado que su ubicación es un “disuasorio natural” para los intentos de escape. Sin embargo, las condiciones dentro del centro ya han sido objeto de denuncias por parte de activistas y familiares de los detenidos, quienes reportan hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y atención médica, y condiciones “inhumanas”. Organizaciones pro-inmigrantes y defensores de los derechos humanos han elevado sus voces en protesta, cuestionando la moralidad y la legalidad de tales condiciones.
