En un movimiento estratégico para reforzar su lucha contra el crimen organizado en América Latina, Estados Unidos ha desplegado una fuerza naval adicional en el sur del mar Caribe. Esta operación, parte de una política del presidente Donald Trump, tiene como objetivo principal interceptar las rutas de narcotráfico, con un enfoque particular en las aguas cercanas a Venezuela.
El despliegue naval incluye un escuadrón anfibio compuesto por los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, que transportan a unos 4.500 efectivos, de los cuales 2.200 son infantes de marina. A esta flota se suman embarcaciones adicionales como el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News. También se han sumado a la misión tres destructores equipados con el sistema de defensa Aegis: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, conocidos por su capacidad ofensiva y defensiva.
El objetivo de esta movilización es claro: hacer frente a amenazas a la seguridad nacional de EE. UU. provenientes de “organizaciones narcoterroristas”. La administración Trump ha sido explícita al señalar al régimen de Nicolás Maduro como un “cartel del narcotráfico”, acusando al líder venezolano de estar al frente del Cartel de los Soles. Además, la designación de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua como grupos terroristas globales refuerza la justificación de esta operación.
La operación no se limita solo al despliegue de buques. También incluye aviones de vigilancia P-8 Poseidon y un submarino de ataque rápido, con la intención de realizar tareas de inteligencia, patrullaje y vigilancia de las rutas de narcotráfico. Según fuentes del Departamento de Defensa, esta fuerza podría servir como plataforma para ataques selectivos si fuera necesario.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha respaldado el despliegue, afirmando que está dentro de las competencias de las Fuerzas Armadas de EE. UU. “sellar fronteras, repeler invasiones y combatir actividades delictivas como el tráfico de drogas y el contrabando de personas”.
Esta intensa presencia militar se mantendrá en aguas y espacio aéreo internacionales durante varios meses, buscando un escenario considerado seguro para la seguridad de Estados Unidos. La operación subraya la estrategia de la administración Trump de utilizar todos los recursos disponibles para detener la entrada de drogas a gran escala y aplicar de manera efectiva las leyes antidrogas.
