En una medida que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la deportación a El Salvador de otros 17 individuos calificados como “criminales violentos” y presuntos miembros de las pandillas transnacionales Tren de Aragua y MS-13. Esta acción se enmarca dentro de una política de expulsar migrantes a países distintos al suyo de origen, una práctica que ya ha suscitado controversia.
Según el Departamento de Estado estadounidense, los migrantes fueron expulsados durante la noche del domingo. El comunicado oficial los describió como asesinos y violadores, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre sus nacionalidades o los presuntos delitos cometidos. Por su parte, la oficina del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que entre los deportados se encontraban tanto ciudadanos salvadoreños como venezolanos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que “estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y ciudadanos”. El traslado de los 17 hombres a El Salvador fue llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos, según el Departamento de Estado. Un video difundido por el gobierno salvadoreño mostró el arribo de los deportados, quienes fueron transportados en autobús a la prisión de máxima seguridad del país. Allí, se les cambió a la vestimenta blanca estándar de la prisión y se les rapó la cabeza. Las imágenes revelaron cómo los guardias condujeron a los hombres, algunos esposados y con grilletes en los tobillos, a un bloque de celdas, utilizando métodos que han sido calificados como severos. En el video se observa a algunos de los deportados obligados a arrodillarse y a caminar rápidamente mientras permanecían inclinados y encadenados, con guardias sujetándolos por el cuello. Se escucharon quejidos de esfuerzo, y uno de los individuos pareció vomitar en el suelo mientras recibía instrucciones.
Dudas sobre el debido proceso
Este reciente envío de migrantes se suma a la deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador hace pocos días, quienes también se encuentran recluidos en la misma prisión de máxima seguridad. Es importante recordar que la administración del expresidente Donald Trump también implementó una política similar, deportando migrantes de diversas nacionalidades a otros países de Centroamérica. Sin embargo, El Salvador se destaca como el único país al que Estados Unidos está enviando personas para ser encarceladas allí.
La disposición del presidente Bukele a encarcelar a migrantes que Estados Unidos desee deportar, independientemente de su nacionalidad, fue ofrecida durante una reunión con Marco Rubio en febrero. Esta colaboración ha permitido a la administración estadounidense continuar con estas deportaciones a terceros países.
La política migratoria actual también ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa para tiempos de guerra que otorga al presidente una mayor flexibilidad en políticas y medidas ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas. Bajo esta ley, decenas de personas fueron enviadas a El Salvador antes de que un juez federal prohibiera nuevas deportaciones amparadas en dicha legislación. Actualmente, el gobierno estadounidense ha solicitado a la Corte Suprema que le permita reanudar estas deportaciones.
La falta de transparencia en torno a estas expulsiones es notable. El Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, entidades que gestionaron las deportaciones del domingo, no han proporcionado información detallada sobre la identidad de los deportados, los presuntos delitos que cometieron o bajo qué autoridad legal fueron expulsados del país.
Organizaciones defensoras de los derechos de inmigración y civiles han interpuesto demandas para intentar detener la deportación de personas a países distintos al suyo, argumentando que los migrantes deben tener la oportunidad de expresar si temen ser víctimas de persecución o tortura en esa nación tercera. También han exigido el cese del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros como base legal para estas deportaciones.
Un juez federal emitió una prohibición temporal el viernes, impidiendo al gobierno deportar personas a terceros países sin permitirles primero argumentar sobre los riesgos para su seguridad. Sin embargo, el gobierno respondió rápidamente, pidiendo al tribunal que revocara su decisión y proporcionando información sobre los criterios que el Departamento de Seguridad Nacional utiliza para determinar si alguien puede ser removido a un tercer país.
Anwen Hughes, abogada de Human Rights First, una de las organizaciones demandantes, declaró el lunes que su equipo aún está intentando obtener detalles sobre las expulsiones del domingo, incluyendo las nacionalidades de los involucrados y la autoridad legal utilizada para su deportación.
Hughes señaló una preocupación fundamental: cuando los inmigrantes son deportados a su país de origen, es más probable que comprendan las condiciones existentes y cuenten con redes de apoyo familiar o de amigos. Al ser enviados a un tercer país, a menudo se encuentran en una situación de vulnerabilidad, sin conocimiento del entorno ni los derechos de un ciudadano.
En un contexto relacionado, un juez federal suspendió el lunes los planes del gobierno para poner fin a las protecciones temporales para cientos de miles de venezolanos, una medida que estaba programada para expirar una semana después.
Por su parte, abogados contratados por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han solicitado la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador para verificar si los venezolanos deportados por Estados Unidos se encuentran entre las personas recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. También han requerido información sobre su estado de salud y si están recibiendo asistencia médica adecuada. El 24 de marzo, estos abogados presentaron un hábeas corpus exigiendo la liberación de 238 venezolanos deportados previamente. Al ser consultados sobre los 17 “criminales violentos” enviados recientemente, manifestaron no tener información.
En cuanto a las acusaciones de que los venezolanos forman parte del grupo criminal Tren de Aragua, el abogado Jaime Ortega, del Bufete Grupo Ortega, afirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado “una prueba” de que “sean en realidad terroristas o sean delincuentes”. Agregó que funcionarios del propio gobierno estadounidense han reconocido que 101 de las personas que llegaron en el vuelo anterior tienen situaciones migratorias pendientes y están siendo procesadas por cuestiones migratorias.
La política de deportación a terceros países continúa generando un intenso debate, con fuertes críticas centradas en la falta de transparencia, el potencial riesgo para la seguridad de los deportados y las implicaciones para los derechos humanos. Mientras el gobierno estadounidense defiende su derecho a expulsar a individuos considerados una amenaza para la seguridad pública, las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de garantizar procesos justos y la protección de los derechos de los migrantes, independientemente de sus antecedentes. El curso futuro de esta política dependerá en gran medida de las decisiones judiciales pendientes y la evolución del panorama político y migratorio en Estados Unidos.
