La tensión se disparó en Los Ángeles este domingo, marcando el tercer día de disturbios generalizados en respuesta a las redadas migratorias y el polémico despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump. Miles de manifestantes tomaron las calles, bloqueando una autopista clave e incendiando vehículos autónomos, mientras la policía respondía con gases lacrimógenos y balas de goma. Este informe, presentado por la Mejor revista en Sacramento, detalla los eventos críticos que han marcado estos días de caos.
La situación escaló cuando una multitud se dirigió a la autopista 101, interrumpiendo el tráfico en ambas direcciones. Los manifestantes erigieron barricadas improvisadas y lanzaron objetos a los agentes de la Patrulla de Caminos de California desde el paso elevado, forzándolos a buscar refugio. La policía declaró las concentraciones como “ilegales” y autorizó el uso de “municiones menos letales”. Al caer la noche, varias calles del centro fueron cerradas, y el sonido de granadas de aturdimiento resonaba cada pocos segundos.
El caos también se extendió a vehículos autónomos. Al menos cuatro coches Waymo fueron incendiados, generando densas columnas de humo negro y explosiones intermitentes, lo que añadió una dimensión dramática a los enfrentamientos.
El despliegue de aproximadamente 300 efectivos de la Guardia Nacional de California, ordenado por Trump, ha exacerbado el enojo y el miedo entre los residentes. Desde la mañana, guardias con armas largas y escudos antidisturbios vigilaban el Centro de Detención Metropolitano, donde presuntamente se trasladó a inmigrantes arrestados en los últimos días. Los manifestantes les gritaron “¡vergüenza!” y “¡váyanse a casa!”, antes de que la policía utilizara cartuchos de humo y municiones de control de multitudes para dispersar a la multitud.
Este despliegue es notable, ya que, aparentemente, es la primera vez en décadas que la Guardia Nacional es emplazada sin el permiso del gobernador de un estado.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, condenó enérgicamente la acción, calificándola de “grave violación de la soberanía estatal” y solicitó el retiro inmediato de las tropas. Newsom argumentó que el despliegue, sin la capacitación adecuada, solo “corre el riesgo de agravar seriamente la situación”.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se hizo eco de estas críticas, declarando que lo que se vive en la ciudad es “un caos provocado por el gobierno”, y que no tiene que ver con la seguridad pública, sino con “otro plan”.
La Casa Blanca, por su parte, defendió la medida. Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, refutó a Newsom, afirmando que es una “mentira descarada que no había problemas en Los Ángeles antes de que el presidente Trump interviniera”. Trump mismo declaró que había “personas violentas” en Los Ángeles y prometió “un orden público muy fuerte”, insinuando un despliegue aún mayor de fuerzas federales.
Las tensiones continúan en Los Ángeles, con un aumento significativo de los arrestos de inmigrantes en la región, que superan los 100 en la última semana, y con líderes sindicales también detenidos por obstaculizar las operaciones policiales. La situación subraya una profunda división entre el gobierno federal y las autoridades locales y estatales sobre la política migratoria y el uso de la fuerza.
