La estabilidad de Guatemala se encuentra en un punto de quiebre. Lo que comenzó como una serie de motines coordinados en tres prisiones del país durante el pasado fin de semana, ha escalado hasta convertirse en una crisis nacional que pone a prueba la capacidad de gestión del presidente Bernardo Arévalo.
Tras una ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos diez agentes de policía, el mandatario decretó este domingo el Estado de Sitio por 30 días, movilizando a la totalidad de la fuerza pública para recuperar el control institucional.
Según informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el principal instigador de los disturbios ha sido identificado como Aldo Dupie Ochoa, alias “El Lobo”, líder de la temida pandilla Barrio 18. La violencia estalló como una represalia directa ante la decisión del gobierno de retirar privilegios penitenciarios históricos, que incluían desde aire acondicionado y acceso a internet hasta la entrega de comida de restaurantes de lujo.
Ochoa, quien exigía el traslado a otro centro penal y beneficios como una cama extragrande, habría coordinado los motines y las posteriores emboscadas contra patrullas policiales en Ciudad de Guatemala. “Es una respuesta de las mafias que se resisten a perder el control”, señaló el Ejecutivo.
El costo humano de esta ofensiva ha sido devastador para las fuerzas de seguridad. Hasta el mediodía del lunes, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el fallecimiento de diez efectivos; ocho de ellos fueron despedidos en funerales con honores, mientras que otros seis permanecen hospitalizados con heridas de bala.
La respuesta del Estado no se ha hecho esperar. Con la suspensión temporal de ciertos derechos civiles, Arévalo ha desplegado a los 45,000 agentes de policía en activo junto a unidades del Ejército. La capital guatemalteca amaneció este lunes con escuelas cerradas y un despliegue masivo de seguridad que incluye puestos de control y registros de vehículos en puntos estratégicos. Hasta el momento, se reporta la captura de diez miembros del Barrio 18 vinculados directamente con los asesinatos.
Para expertos y organismos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), esta violencia no es aislada. Ocurre en un año crítico donde Guatemala debe elegir a su nuevo Fiscal General, un cargo clave para el desmantelamiento de las redes de corrupción que Arévalo prometió combatir durante su campaña.
”Estamos enfrentando a mafias político-criminales que buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia”, afirmó el presidente Arévalo. A pesar de que algunos reclusos han utilizado redes sociales para pedir su destitución, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, ratificó que el Ejército respalda plenamente el orden constitucional y el mandato del presidente.
El Estado de Sitio, aunque restrictivo, es visto por el oficialismo como una herramienta necesaria para limpiar un sistema penitenciario donde las pandillas —designadas recientemente por EE. UU. como organizaciones terroristas extranjeras— han operado con impunidad gracias a décadas de sobornos.
Con el apoyo del FBI y una revisión profunda de la seguridad interna, Guatemala se juega este mes mucho más que el orden público: se juega la viabilidad de su proyecto democrático.
